La legislación alrededor de la muerte lleva siendo tema de debate y actualidad muchos años en España. A lo largo del mandato de distintos gobiernos, y bajo el reparto del poder ejecutivo de parlamentos de distintos signos, nunca una ley ha salido adelante a nivel estatal para marcar unos límites generales. Sí existe, sin embargo, regulación al respecto en nueve comunidades autónomas españolas, contemplada en la llamada Ley de Muerte Digna, que trata de acotar en una ley las distintas posibilidades que se dan cuando una persona afronta sus últimos momentos de vida.

La Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid han sido las últimas autonomías españolas en sumarse a la Ley de Muerte Digna. El abanico lo abrió Andalucía en el año 2010, cuando su parlamento regional aprobó, por primera vez en España, un marco legislativo que regulaba la muerte.

Ahora, con esta legislación que también de forma reciente ha aprobado la Generalitat Valenciana, las personas que afrontan el proceso final de su vida cuentan con una red de seguridad en forma de articulado legal para proteger sus derechos ante situaciones de todo tipo.

Los pacientes tienen, con la Ley de Muerte Digna, el derecho a recibir cuidados paliativos integrales. También está en su mano decidir dónde se le aplican, y los centros sanitarios deben garantizar que las personas que se enfrentan a esta situación dispondrán de una habitación de uso individual mientras se prolongue el proceso.

Ninguno de los marcos legislativos españoles que contemplan la muerte digna permite, en ningún caso, supuestos como el suicidio asistido o la eutanasia. De hecho, el Código Penal recoge distintas penas de prisión, de hasta diez años para algunos supuestos, a personas que cometan esos delitos.

La Ley de Muerte Digna no es ni suicidio asistido ni eutanasia. Esto implica que el paciente no puede decidir cuándo quiere morir: es una ley que no mejora la calidad de la vida, sino de la muerte, pero que no por ello otorga plenos poderes al paciente (ni sus familiares) para tomar una decisión irreversible sobre su vida.

Mientras se sigue debatiendo sobre la hipotética despenalización futura de los supuestos de suicidio asistido y eutanasia, la Ley de Muerte Digna no llega para acelerar el proceso definitivo para la vida de las personas, sino para evitar que esos últimos momentos se conviertan en una angustia inaguantable en muchos casos.

Así, las leyes van poco a poco poniéndose a la altura de lo que la sociedad y sus avances reclaman. Un progreso civil que ayuda a que las personas que afrontan un periodo de potencial sufrimiento con la muerte como final irremediable tengan un salvoconducto legal para vivir en paz, tranquilidad y consonancia con la ley sus últimos momentos.

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